La Secretaría de Cultura y el uso y aprovechamiento de la tecnología de la información
Retomamos el trabajo de análisis y reflexión casi al finalizar el año 2019, con el artículo de la observante Adriana Martínez Cadena, especialista en temas de transparencia y archivos. Una mirada a la necesidad de que las instituciones respondan a los requerimientos de transparencia y apertura de información.
Adriana Martínez Cadena*
El
proceso de digitalización documental y su preservación para uso posterior, es
una tarea titánica. Tanto instituciones como personas no dimensionan la
cantidad y variedad de materiales a digitalizar que crece en forma exponencial.
En nuestro país, todas las instituciones se
enfrentan a la misión de la preservación documental: museos, archivos,
sociedades, universidades, etcétera.
Por eso era importante establecer un marco legal
para promover el uso y aprovechamiento de tecnología de la información para
mejorar la administración de los archivos de los sujetos obligados; así como
establecer las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema
integral de gestión de documentos electrónicos encaminados al establecimiento
de gobiernos digitales y abiertos en el ámbito federal, estatal y municipal que
beneficien con sus servicios a la ciudadanía. En virtud de lo anterior, se
comenzó por darle un mayor encuadre a la normatividad que ya existía emitiendo
una nueva la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, publicada
el 4 de mayo del 2015, la cual señala como uno de sus objetivos el desarrollo
de una cultura de transparencia en que las autoridades opten por un gobierno
abierto, y dentro de los principios de la transparencia está el que los sujetos
obligados den a conocer la mayor cantidad de información que pueda resultar
útil para la ciudadanía bajo un esquema accesible y comprensible para todos.
Dentro de
estas mismas obligaciones ésta el que la información se encuentre en internet,
esto es acorde con estándares y compromisos internacionales, con el objetivo de
alentar los esfuerzos para que se adopten las medidas necesarias y así
facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública.
Apoyarse en internet poniendo información a disposición de un mayor número
de personas, lo que ubica el tema en el área de gobierno electrónico o administración electrónica, es parte de las
Obligaciones de las instituciones. El gobierno electrónico tiene como uno de
sus principios el de la conservación de las comunicaciones y documentos
electrónicos en las mismas condiciones como si se tratara de medios
tradicionales, y el principio de proporcionalidad, en cuanto a los
requerimientos de seguridad para el resguardo de la información de acuerdo y en
la medida en que su naturaleza lo regula. Para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia, es necesaria la actitud activa de los sujetos
obligados, ya que su observancia requiere de la organización interna de
archivos y sistemas así como el acuerdo de las diversas unidades
administrativas que generan o conservan información.
En ese sentido, los sujetos obligados deberán
cargar su información en el Sistema Nacional de Transparencia el cual emitió
los criterios para evaluar la efectividad de la política de transparencia
considerando como base la reutilización que la sociedad haga de la información.
Por lo que, al publicar la Ley General de
Archivos el 15 de junio de 2018, se requiere promover la cultura de la calidad
en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas nacionales e
internacionales, así como contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a
la memoria. En su artículo 4°, establece su propia acepción de Metadatos
como el conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de
los documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que
sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de
acceso. (DOF 15/06/18 p.2). Además de promover acciones coordinadas de
protección del patrimonio documental y del derecho de acceso a los archivos,
así como la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio
de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre
previamente organizada.
¿En dónde podemos ver reflejado lo anterior? Una
opción es visitar el Sistema de Información Cultural (SIC) de la página web de
la Secretaría de Cultura, el cual ofrece información amplia, diversa y
actualizada que permite a interesados -investigadores, empresarios culturales,
funcionarios públicos, gestores culturales así como público general-, acceder a
datos vigentes para la elaboración de diagnósticos, orientación en la toma de
decisiones, diseño y evaluación de políticas culturales o incluso para la
prospectiva de escenarios futuros. Además, pretende ser una herramienta para el
desarrollo de información de mayor complejidad en procesos de aprendizaje,
investigaciones a profundidad para la descripción de tendencias o
caracterización de población con acceso a un bien o servicio cultural.
Con el data que ofrece se pretende que sea mejor
entendido el fenómeno cultural, además de profundizar en temas como Economía
y Cultura para determinar el impacto de
la cultura en el producto interno bruto; patrimonio inmaterial, inversión en
infraestructura cultural, perfiles y características de consumidores, apoyos a
la creación y al desarrollo de proyectos culturales, entre otros temas.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Cultura
desarrolló la Agenda Digital de Cultura
con el propósito de ampliar el acceso a la cultura a través de la tecnología
digital que permite generar bienes y servicios culturales a través de
plataformas virtuales, para extender sus beneficios más allá de los recintos
tradicionales y llegar a nuevos públicos.
Tanto el Sistema de Información Cultural como la
Agenda Digital de Cultura es un claro ejemplo de todas las posibilidades que
puede generar un repositorio de esa magnitud, además de la información a la
que pueden acceder los usuarios y que
está exhibida en los portales de la Secretaría de Cultura. Esta dependencia es referente de buenas prácticas para las demás
Instituciones, en la utilización, preservación y reutilización de la
información. Es una muestra clara de que la inversión que se hizo de inicio en
capacitación y equipo tecnológico para echar a andar el Sistema de Información
Cultural y la Agenda Digital Cultural
conlleva grandes beneficios a la ciudadanía, al avance tecnológico, a la
investigación, al sector cultural y a nuestro país. Es necesario que los demás Sujetos Obligados
atiendan y se adapten a los nuevos avances tecnológicos.
Hay muchos
beneficios pero atrás de todo ello hay un inmenso trabajo. ¿Qué se debe cuidar
para que este ejercicio de datos abiertos sea eficaz y dentro de los estándares
de anticorrupción? Enlistamos algunos puntos: a) Que se dé seguimiento
periódico al estatus que guardan las bases de datos de la entidad que las resguarda;
b) Determinar la temporalidad idónea para la actualización de las bases de
datos; c) Promover una mayor interoperabilidad entre las bases de datos y
sistemas, y adoptar un estándar unificado de interoperabilidad; d) Promover la
comunicación y coordinación entre generadores de datos gubernamentales y
usuarios de sociedad civil, medios de comunicación, el sector privado, como un
enfoque de política anticorrupción; e) Realizar una medición útil de demanda y
conexión con casos específicos de corrupción para facilitar la identificación
de focos rojos y posibles riesgos (Transparencia Mexicana/Open Data Charter/
Cívica Digital, 2018).
Las
anteriores recomendaciones detallan la forma de sentar las bases para un
sistema interoperable que busca patrones para identificar y hacer visibles las
redes de corrupción de manera conjunta.
Por eso es necesario propiciar acciones encaminadas al fomento de uso de
datos abiertos y tecnologías digitales para prevenir, investigar y sancionar la
corrupción del país.
Buscar el
lado negativo en materia de datos abiertos sólo muestra la falta de voluntad de
los Sujetos Obligados, ya que al transparentar sus acciones, les es difícil
ocultar sus posibles errores o desviación de recursos.
Bibliografía
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México, IFAI, COMAIP, 2011, pp.7-14
inicio.ifai.org.mx/comunicados/Comunicado%20IANAI-078-19.pdf
*
Adriana Martínez Cadena es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Tiene la Maestría
en Formación de Profesores en Educación Básica por la Universidad Veracruzana. Está
certificada como Profesional Certificado Nivel Senior en Protección de Datos
Personales NYCE México. Se ha especializado en temas como; transparencia,
archivos, derechos humanos. Actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en
Ciencias Penales en el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado. Desde
hace una década es socia del despacho Soluciones Integrales, en el que su
práctica profesional se centra en derecho civil, laboral y protección de datos
personales. Es Subconsejera del Protocolo de Atención y Seguimiento al Acoso y
Hostigamiento Sexual en la Universidad Pedagógica Veracruzana.
En los últimos años ha enfocado sus
proyectos de investigación en áreas propias del derecho a la información,
transparencia, patrimonio y las políticas sociales relacionadas con el acceso a
la educación, inclusión y la asistencia jurídica. Es Consejera Presidenta del
Consejo Consultivo del IVAI, Consejera del Consejo Consultivo de Gobierno y
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos.
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